El presidente de Ecuador Rafael Correa denunció que la oposición está presionando para conseguir un golpe de Estado, aunque la cúpula militar le ha asegurado su respaldo al Ejecutivo, según afirmó el ministro de Defensa, Javier Ponce.
El presidente, quien recibió atención médica por lo que llamó un "ataque" de manifestantes, dice que estudia la posibilidad de disolver el parlamento con un mecanismo conocido como "muerte cruzada" -que implica la llamada a comicios anticipados-, mientras policías y militares continúan sus protestas por lo que perciben como un recorte de ingresos.
Según informaron medios de prensa locales, el mandatario recibió asistencia médica en el Hospital Policial luego de ser agredido con botellas al salir de un regimiento militar.
El centro médico, adonde el presidente llegó con su escolta, está rodeado de manifestantes.
Tanto el gobierno de España como el de Argentina han expresado solidaridad con el gobierno de Correa, en medio de lo que han calificado como situación política "delicada"
Miembros de la Policía ecuatoriana se tomaron este jueves los cuarteles policiales en Quito y varias ciudades del país en rechazo al veto presidencial a la Ley de Servicio Público, el cual elimina una serie de beneficios que venían recibiendo los miembros de las fuerzas del orden.
La protesta policial generó un ambiente de caos en diversos sectores del país, en especial en Quito, donde el aeropuerto ha sido cerrado, al igual que varias carreteras.
La seguridad del presidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvo en riesgo la mañana de este jueves cuando el mandatario confrontó a centenares de efectivos policiales que desde tempranas horas habían tomado las instalaciones del Regimiento Quito, un cuartel policial de la capital.
El jefe de Estado acudió al Regimiento Quito en compañía del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, y desde la ventana de un edificio del lugar confrontó a los policías enardecidos al explicar las razones de su veto.
El presidente ecuatoriano dijo que necesitó tratamiento médico y acusó a los agentes de conspiración y traición.
"Antes ganaban sueldos de miseria", dijo Correa en medio de los gritos de los policías, y añadió: "Se están eliminando todas las canonjías, canastas navideñas, bonos adicionales, seguros de salud privados. La política es tratar de maximizar los sueldos, y de esa forma todos puedan dignamente adquirir los servicios que necesitan".
La discusión subió de tono cuando el mandatario señaló: "Señores, si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo, pero seguiremos con una sola política de justicia, de equidad (…). Si quieren destruir la Patria, destrúyanla, aquí está, pero este presidente no dará ni un paso atrás".
Correa salió caminando del recinto policial, y mientras se dirigía al vehículo presidencial bombas lacrimógenas fueron lanzadas muy cerca del lugar por donde caminaba el mandatario. En una entrevista posterior con medios locales dijo que necesitó tratamiento médico y acusó a los agentes de conspiración y traición.
Después de esto, los dirigentes de la policía señalaron que buscan el diálogo con el gobierno. "Estamos pidiendo que se nos respeten nuestras condecoraciones, y nuestros ascensos. No estamos en contra del señor presidente, le pedimos que se derogue las disposiciones de la Ley de Servicio Público que elimina las condecoraciones por el tiempo de servicio público", dijo al mediodía de este jueves el jefe de Estado Mayor de la Policía, Florencio Ruiz.
Mientras las protestas policiales, y de diversos grupos sociales se extienden en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, y otras ciudades, el presidente Correa analiza la posibilidad de aplicar la denominada "muerte cruzada", un mecanismo constitucional que lo faculta para disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones generales anticipadas.
Así lo afirmó la ministra de la Política, Doris Solís, tras una reunión efectuada la noche de este miércoles con el primer mandatario para discutir la posición adoptada por una parte del bloque oficialista en la Asamblea Nacional, el cual decidió sumarse a la oposición en el rechazo a varios artículos del veto presidencial a la Ley de Servicio Público.
"La muerte cruzada es una de las posibilidades, nosotros estamos en un proyecto de cambio, necesitamos construir leyes de consenso", dijo Solís, al calificar de "inconsecuencia" la actitud asumida en la Asamblea por un sector del oficialista Alianza País.
La Constitución ecuatoriana señala que el presidente de la República "podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna".
El mandatario puede aplicar la "muerte cruzada" sólo una vez en los tres primeros años de su mandato.
"La muerte cruzada no es el escenario que nadie quisiera, pero es una posibilidad cuando no hay condiciones para ir a un proceso de cambio", insistió Solís.
Entre tanto, el bloque parlamentario de Pachakutik, brazo político de las organizaciones indígenas, demandó este jueves la renuncia del presidente Correa y llamó a los sectores sociales a conformar un frente de unidad nacional.
El presidente, quien recibió atención médica por lo que llamó un "ataque" de manifestantes, dice que estudia la posibilidad de disolver el parlamento con un mecanismo conocido como "muerte cruzada" -que implica la llamada a comicios anticipados-, mientras policías y militares continúan sus protestas por lo que perciben como un recorte de ingresos.
Según informaron medios de prensa locales, el mandatario recibió asistencia médica en el Hospital Policial luego de ser agredido con botellas al salir de un regimiento militar.
El centro médico, adonde el presidente llegó con su escolta, está rodeado de manifestantes.
Tanto el gobierno de España como el de Argentina han expresado solidaridad con el gobierno de Correa, en medio de lo que han calificado como situación política "delicada"
Miembros de la Policía ecuatoriana se tomaron este jueves los cuarteles policiales en Quito y varias ciudades del país en rechazo al veto presidencial a la Ley de Servicio Público, el cual elimina una serie de beneficios que venían recibiendo los miembros de las fuerzas del orden.
La protesta policial generó un ambiente de caos en diversos sectores del país, en especial en Quito, donde el aeropuerto ha sido cerrado, al igual que varias carreteras.
La seguridad del presidente de Ecuador, Rafael Correa, estuvo en riesgo la mañana de este jueves cuando el mandatario confrontó a centenares de efectivos policiales que desde tempranas horas habían tomado las instalaciones del Regimiento Quito, un cuartel policial de la capital.
El jefe de Estado acudió al Regimiento Quito en compañía del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, y desde la ventana de un edificio del lugar confrontó a los policías enardecidos al explicar las razones de su veto.
El presidente ecuatoriano dijo que necesitó tratamiento médico y acusó a los agentes de conspiración y traición.
"Antes ganaban sueldos de miseria", dijo Correa en medio de los gritos de los policías, y añadió: "Se están eliminando todas las canonjías, canastas navideñas, bonos adicionales, seguros de salud privados. La política es tratar de maximizar los sueldos, y de esa forma todos puedan dignamente adquirir los servicios que necesitan".
La discusión subió de tono cuando el mandatario señaló: "Señores, si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo, pero seguiremos con una sola política de justicia, de equidad (…). Si quieren destruir la Patria, destrúyanla, aquí está, pero este presidente no dará ni un paso atrás".
Correa salió caminando del recinto policial, y mientras se dirigía al vehículo presidencial bombas lacrimógenas fueron lanzadas muy cerca del lugar por donde caminaba el mandatario. En una entrevista posterior con medios locales dijo que necesitó tratamiento médico y acusó a los agentes de conspiración y traición.
Después de esto, los dirigentes de la policía señalaron que buscan el diálogo con el gobierno. "Estamos pidiendo que se nos respeten nuestras condecoraciones, y nuestros ascensos. No estamos en contra del señor presidente, le pedimos que se derogue las disposiciones de la Ley de Servicio Público que elimina las condecoraciones por el tiempo de servicio público", dijo al mediodía de este jueves el jefe de Estado Mayor de la Policía, Florencio Ruiz.
Mientras las protestas policiales, y de diversos grupos sociales se extienden en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, y otras ciudades, el presidente Correa analiza la posibilidad de aplicar la denominada "muerte cruzada", un mecanismo constitucional que lo faculta para disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones generales anticipadas.
Así lo afirmó la ministra de la Política, Doris Solís, tras una reunión efectuada la noche de este miércoles con el primer mandatario para discutir la posición adoptada por una parte del bloque oficialista en la Asamblea Nacional, el cual decidió sumarse a la oposición en el rechazo a varios artículos del veto presidencial a la Ley de Servicio Público.
"La muerte cruzada es una de las posibilidades, nosotros estamos en un proyecto de cambio, necesitamos construir leyes de consenso", dijo Solís, al calificar de "inconsecuencia" la actitud asumida en la Asamblea por un sector del oficialista Alianza País.
La Constitución ecuatoriana señala que el presidente de la República "podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna".
El mandatario puede aplicar la "muerte cruzada" sólo una vez en los tres primeros años de su mandato.
"La muerte cruzada no es el escenario que nadie quisiera, pero es una posibilidad cuando no hay condiciones para ir a un proceso de cambio", insistió Solís.
Entre tanto, el bloque parlamentario de Pachakutik, brazo político de las organizaciones indígenas, demandó este jueves la renuncia del presidente Correa y llamó a los sectores sociales a conformar un frente de unidad nacional.
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