Los abogados acogieron con beneplácito el compromiso de la alcaldesa de no sacrificar a la perra y brindarle atenciones durante el proceso. "La comunicación con la alcaldesa ha sido buena. Tenemos el compromiso que se velará por el bienestar de Lola mientras esté recluida en el Centro de Control y Adopción de Animales en San Juan. Cabe señalar que la perrita fue ingresada ilegalmente en esas facilidades puesto que la jurisdicción la debió tener el Departamento de Agricultura, pero preferimos que esté allí puesto que el diálogo con el gobierno municipal está abierto y hay colaboración entre las partes", manifestó
Ese diálogo, sin embargo, no ha sido fructífero con otras instancias del gobierno estatal. "Inicialmente se le iban a radicar cargos criminales a la Sra. Cusman, quien es artesana de profesión, sin embargo, nunca se radicaron los cargos. Además no se han tomado medidas para garantizar el debido proceso de ley en la ocupación de la mascota por lo que procede devolver la misma a su dueña y si el estado tiene interés en proceder con algún caso, radicar la acción correspondiente", indicó Irizarry. "No se ha probado que la perrita es de la raza Pitbull, no se ha demostrado que es agresiva, sino todo lo contrario. La dueña de la perrita tiene el respaldo de sus vecinos y de toda una comunidad de amantes de las mascotas para que esté de vuelta en su casa [la perra]. Además se han tomado medidas para que la perrita no se vuelva a escapar", expresó Bimbela.
El grupo de abogados exigieron al Gobernador de Puerto Rico firmar una amnistía contra la eutanasia de estos animales e invitaron a la legislatura a legislar un proyecto que legalice la tenencia de las razas prohibidas por la ley.