Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
visitará Honduras para investigar las causas de un incendio en la Granja Penal
de Comayagua que puede haber ocasionado más de 300 muertes, anunció hoy la
OEA.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha solicitado a la presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, que envíe una delegación de la Comisión a Honduras para investigar "los sucesos que desembocaron en la tragedia carcelaria", indicó el organismo en un comunicado.
Esa delegación de la CIDH, entidad autónoma de la OEA que vela por el respeto a los derechos humanos, incluiría al Relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar.
Además, esa misión deberá presentar un "informe exhaustivo" al Gobierno hondureño y a la OEA sobre el incendio registrado hoy en la Granja Penal de Comayagua.
Por ahora no hay cifras definitivas de los muertos ocasionados por el incendio, cuyas causas se desconocen.
Sin embargo, se sabe que 356 presos no se presentaron durante un recuento hecho en la cárcel una vez controlado el incendio. Se cree que la mayoría están muertos, pero también que algunos pueden haberse fugado aprovechando el caos, según fuentes penitenciarias.
Insulza también manifestó su "profunda consternación" ante la tragedia y expresó su solidaridad al Gobierno del presidente Porfirio Lobo.
Por su parte, la CIDH deploró el suceso y urgió al Estado a tomar las medidas necesarias para investigar "debidamente" esta tragedia y evitar que se repita.
La CIDH subrayó en un comunicado que el Estado tiene que garantizar "los estándares internacionales con el fin de salvaguardar la vida e integridad personal de los reclusos" y tomar las medidas necesarias prevenir situaciones de riesgo que amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos.
"Los Estados tienen el deber de garantizar que los centros penitenciarios cuenten con estructuras adecuadas y seguras, así como con medios idóneos, planes de acción y personal suficiente y capacitado para mantener la seguridad en los centros penales y hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia", señaló.
La CIDH considera que el hacinamiento, "además de constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante", es un factor de riesgo para la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha solicitado a la presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, que envíe una delegación de la Comisión a Honduras para investigar "los sucesos que desembocaron en la tragedia carcelaria", indicó el organismo en un comunicado.
Esa delegación de la CIDH, entidad autónoma de la OEA que vela por el respeto a los derechos humanos, incluiría al Relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar.
Además, esa misión deberá presentar un "informe exhaustivo" al Gobierno hondureño y a la OEA sobre el incendio registrado hoy en la Granja Penal de Comayagua.
Por ahora no hay cifras definitivas de los muertos ocasionados por el incendio, cuyas causas se desconocen.
Sin embargo, se sabe que 356 presos no se presentaron durante un recuento hecho en la cárcel una vez controlado el incendio. Se cree que la mayoría están muertos, pero también que algunos pueden haberse fugado aprovechando el caos, según fuentes penitenciarias.
Insulza también manifestó su "profunda consternación" ante la tragedia y expresó su solidaridad al Gobierno del presidente Porfirio Lobo.
Por su parte, la CIDH deploró el suceso y urgió al Estado a tomar las medidas necesarias para investigar "debidamente" esta tragedia y evitar que se repita.
La CIDH subrayó en un comunicado que el Estado tiene que garantizar "los estándares internacionales con el fin de salvaguardar la vida e integridad personal de los reclusos" y tomar las medidas necesarias prevenir situaciones de riesgo que amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos.
"Los Estados tienen el deber de garantizar que los centros penitenciarios cuenten con estructuras adecuadas y seguras, así como con medios idóneos, planes de acción y personal suficiente y capacitado para mantener la seguridad en los centros penales y hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia", señaló.
La CIDH considera que el hacinamiento, "además de constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante", es un factor de riesgo para la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario