Myrna Cusman –una artesana que trabajaba en las Fiestas de la Calle San Sebastián el día de los hechos– está destruida. Siente que le arrebataron un miembro de su familia.(Suministrada)
Han pasado 12 días desde que la perrita Lola huyó de su hogar, en Puerto Nuevo, y fue incautada por unos policías que –a instancias de una vecina– alegan que el can “es un peligro para la sociedad”, por lo que resolvieron el asunto llevándola al Centro de Control y Adopción de Animales, en San Juan, con el fin de que se le aplique eutanasia.
Desde entonces, su dueña, Myrna Cusman –una artesana que trabajaba en las Fiestas de la Calle San Sebastián el día de los hechos– está destruida. Siente que le arrebataron un miembro de su familia, pues así es el cariño que desde hace poco más de dos años le profesa a su mascota.
Así lo expresó a Primera Hora el licenciado Alvin Couto, quien junto con los abogados Mark Bimbela y Javier Irizarry forman el equipo legal que representa a la “mamá” de Lola de cara a que el asunto llegue a los foros criminales, civiles o administrativos.
“Inicialmente, el policía amenazó con radicar cargos criminales a la señora sino firmaba voluntariamente la entrega de la mascota para matarla. La amenazó con un año de cárcel y hasta con una multa de $5,000. Ahí fue que la dueña nos llamó llorando a nosotros y le dijimos que no firmara nada porque la perrita nunca representó amenaza contra nadie. Entonces, el caso se iba a ver supuestamente el viernes y nos dimos cuenta de que nunca se radicaron los cargos”, explicó Couto, al agregar que la dueña de la perrita la visita todos los días para alimentarla y jugar con ella.
El abogado sostuvo que no se han tomado medidas para garantizar el debido proceso de ley en la ocupación de la mascota, por lo que procede devolverla a su dueña y, si el Estado tiene interés en proceder con algún caso, debe presentar la acción correspondiente.
Por otra parte, señaló que Lola fue ingresada ilegalmente al albergue pues, según dispone la Ley 158, es el Departamento de Agricultura el que debió asumir la jurisdicción. “Pero como se ha dado un diálogo abierto con el Municipio, preferimos que se quede allí, donde su dueña la visita”, resaltó al agregar que, como parte de las pruebas que tienen ante sí, se destaca una carta firmada por vecinos que aseguran que la perra es un animal dócil y sociable.
“Esa perrita es paseada por su dueña diariamente e interactúa con otros animales y con seres humanos, y nunca ha sido amenaza para ninguno”, dijo Couto.
Por otra parte, Couto dijo que el equipo legal se dispone a solicitarle al gobernador, Alejandro García Padilla, que firme una amnistía contra la eutanasia de los perros pit bull, tal como lo hizo Luis Fortuño. Además, urgen que la Legislatura presente un proyecto de ley para derogar la disposición en la Ley 158 que prohíbe la tenencia de pit bulls en Puerto Rico.
Mientras, la indignación de cientos de puertorriqueños se ha puesto de manifiesto a través de redes sociales como Twitter y Facebook, en las que ya se han creado grupos de apoyo como Todos somos Lola y Free Lola. También se convocó a través de la Internet la firma de aquellos que se oponen a que maten a la perrita mediante la página de Causes. Hasta anoche –y en solo dos días– 12,070 personas se habían unido a la petición de cese y desista.
Como dato curioso, figuras públicas como la actriz Roselyn Sánchez y la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz, han mostrado su apoyo.
Esta última ha manifestado públicamente que ordenó prohibir la eutanasia de Lola hasta que el tribunal emita una orden expresando lo contrario.
“Ningún animal en el Municipio de San Juan se va a poner a dormir o (se le aplicará) la eutanasia por control poblacional. Esa instrucción yo la había dado antes de que Lola estuviese en el albergue”, aseveró la alcaldesa, que se dispone a visitar hoy, junto a la directora de Asuntos Legales del Municipio, Maite Oronoz, el albergue para asegurarse de que el lugar “se maneja de acuerdo con las leyes que prohíben el maltrato de animales”.
Asimismo, Cruz indicó que tan reciente como el sábado pasado un grupo de especialistas en la conducta de animales evaluaron a Lola.
Este procedimiento, explicó, se hace “con toda la idea de que –si el tracto legal, así lo permite– hacer lo que se ha hecho siempre en estos casos que es devolver a Lola a su dueña lo más pronto posible para que desde su hogar la dueña pueda encarar cualquier proceso legal”.
Por otra parte, los grupos que defienden a los perros de raza pit bull también han mostrado apoyo, entre ellos José Román, el fundador de Big Dog Rescue.
“Desde el 1999, tenemos una lucha a través del movimiento Free Pitbull. Ya es hora que la ley deje de ser injusta con los animales de esta raza. La ley debe ir contra los dueños que son negligentes e irresponsables y entrenan a estos perros para convertirlos en agresivos. En realidad, es indignante el prejuicio que hay contra los pit bulls. Si Lola fuera un chihuahua, no le hacían nada”, dijo.
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