Los más “afortunados” reciben pensiones miserables, pero la mayoría subsiste de la caridad y padeciendo grandes calamidades.
Al margen de que las familias tienen la obligación moral de atender a sus ancianos, sobre el Estado recae la responsabilidad de protegerlos de manera integral.
Una muestra de la perversa irresponsabilidad compartida es que conocedores de esa situación, la cúpula empresarial (hoy dirigida por un equipo que hasta hace poco eran “jóvenes empresarios”) y el Gobierno prefirieron repartirse entre ellos más de 10 mil millones de pesos acumulados por la Administradora de Riesgos Laborales y en ningún momento pensaron en que esos fondos perfectamente podían servir para atender a estos olvidados.
Total, si definitivamente pensaban violar la Ley, pues la legislación de la seguridad social en ninguna parte establece que esos dineros pueden repartirse, al menos debieron hacerlo para beneficiar a los más desprotegidos y que una vez fueron trabajadores.
La serie de trabajos periodísticos sobre la situación de los envejecientes que desde ayer publica EL DÍA, sólo lleva a una conclusión: llegar a viejo en la República Dominicana es una tragedia.
Las sociedades que abandonan a sus niños y a sus ancianos no andan por buen camino y ese es el caso de la República Dominicana.
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