Resulta alucinante la forma cómo se conduce la llamada “comunidad internacional” en relación a los temas que involucran a República Dominicana y Haití. Su sesgo es descarado e indignante.
Contra este país se ejerció todo tipo de presión a raíz de la sentencia TC168-13. La “comunidad internacional” movió cielo y tierra para que esa sentencia no se aplicara. Se inventaron el término “genocidio civil” para acusar a los dominicanos de racistas y xenófobos, llegando incluso a compararnos con el nacional-socialismo hitleriano.
La OEA ---incapaz de alzar su voz ante la represión en Venezuela--- agendó el tema de urgencia, a petición de unas islitas del Caribe, para discutirlo en la Asamblea General. Apenas habían transcurrido algunas semanas de que se conociera la sentencia, pero el señor Insulza no podía perder tiempo.
En ese escenario montaron una encerrona para que Haití y las islitas del Caricom fueran repitiendo una tras otra todo tipo de acusaciones perversas con el fin de estigmatizarnos y debilitar nuestra posición regional.
Salimos de allí con la imposición de la ingrata visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el resultado conocido: un informe calumnioso que sirvió de base para profundizar la campaña en contra del país y generar aún más presiones para que el gobierno pasara una ley de amnistía de nacionalidad.
Por suerte Danilo supo resistir. Aunque tuvo que transar en cuestiones menores para satisfacer las expectativas de esos sectores y evitar los efectos económicos y políticos de las sanciones que amenazaban a la República.
Los organismos de la ONU no pudieron ser más necios y las agencias internacionales que dicen defender los derechos humanos fueron incansables en su activismo para desdibujar la imagen del pueblo dominicano. Lo mismo que los grupúsculos criollos aglutinados en la llamada “sociedad civil” y sus quintas columnas con despachos en el Palacio Nacional.
Pero toda esa orquestación no fue en defensa de los derechos de nadie. Fue en contra de la República Dominicana. Quedan en evidencia cuando ninguno de esos grupos ha abierto la boca y mucho menos se han movilizado para condenar la actitud del gobierno haitiano de cobrar a sus nacionales por emitirle sus documentos de identidad.
Los haitianos que tanto decían defender ahora están solos en el reclamo que hacen a su gobierno para que no haga negocios con el Plan de Regularización de Extranjeros que implementa República Dominicana.
Un negocio abierto y descarado que fue revelado incluso por el ministro de la diáspora haitiana cuando ofreció detalles sobre el programa de documentación que su gobierno llevará a cabo.
Dijo que harían una inversión de 10 millones de dólares para dotar de acta de nacimiento a 300 mil haitianos que residen ilegalmente en el país. Para lo cual cada haitiano deberá pagar 2,500 pesos dominicanos.
Una aplicación matemática simple demuestra que 10 millones de dólares a un cambio de 43.5 pesos por dólar son 435 millones de pesos dominicanos; y 300 mil haitianos pagando 2,500 pesos por cada acta de nacimiento son 750 millones de pesos dominicanos.
Restemos 435 a 750 y el resultado son los 315 millones de pesos que el gobierno de Haití se está embolsillando con el Plan.
El mismo gobierno que aparecía ante la “comunidad internacional” dizque comprometido con la defensa de los derechos de su diáspora es el que ahora cobra a sus nacionales para otorgarles un acta de nacimiento.
Los haitianos tienen que pagar para que se les reconozca el derecho a la nacionalidad, a la identidad y a la documentación. Por tanto, para no ser un muerto civil, un haitiano tiene que disponer de 50 dólares.....
Suponemos entonces que aquellos que no dispongan de ese dinero serán víctimas de un “genocidio civil”... ¿O no?
Sin embargo la República Dominicana, acusada de xenófoba, tiene que gastar más de mil millones de pesos de sus magros recursos para regularizar a los haitianos que viven y trabajan ilegalmente en el país.
Pero la “comunidad internacional” no ejerce presión alguna sobre Haití. En cambio presiona para que el Gobierno dominicano pase un reglamento de aplicación de la Ley de Naturalización que viole el sentido de esa legislatura y vulnere el espíritu de la sentencia. En eso es que anda la ONU y a eso viene Ban Ki-moon. A eso vinieron Bidden e Insulza porque en eso andan USAID, OEA y otras agencias de cooperación y ONG’s internacionales. Lo mismo que la facción traidora cobijada en Participación Ciudadana y sus grupúsculos satelitales.
Por eso no hablan ni reclaman que Haití “cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos” y documente a sus ciudadanos de forma “general y gratuita”..... Como nos exigió a los dominicanos la inefable CIDH.
¡Una desfachatez que resulta irritante!
Como irrita la actitud pasiva del Gobierno. Que no reclama ni alza su voz en contra de los que antes le presionaron y ahora callan ante los atropellos de las élites políticas haitianas.
Y sobre todo cómo duele ver a una sociedad anestesiada. Que parece ser otra víctima de la manipulación y que no es capaz de reaccionar ante el abuso que se comete en su contra.
¿O de qué otra forma se puede calificar que el contribuyente dominicano aporte más de mil millones de pesos para de forma gratuita regularizar el estatus migratorio de cientos de miles de haitianos? Algo que no hace ningún país del mundo y que a nosotros se nos impone desde fuera...
Pero nosotros calladitos... incapaces de hacer valer nuestra soberanía.
Hay ocasiones en que uno siente el deseo de coincidir con los que pretenden negar el derecho a existir del pueblo dominicano.... Una estrofa del Himno Nacional lo resume todo:
“... Ningún pueblo ser libre merece/ Si es esclavo indolente y servil/ Si en su pecho la llama no crece/ Que templó el heroísmo viril
No hay comentarios:
Publicar un comentario