La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se prepara para conocer la demanda incoada contra el Estado dominicano por la desaparición del profesor universitario Narciso González (Narcisazo) hace 17 años.
El abogado Tomás Castro explicó a El Caribe que la noche del lunes se realizó una reunión previa entre los representantes de la Comisión, el Estado dominicano el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Comisión de la Verdad que representa a los familiares de la víctima.
“Discutimos algunos aspectos procesales y formales de la audiencia de hoy, todo está preparado para que a las 3:00 de la tarde empecemos con la deposición de testigos y la audición de los peritos ofertados por las partes, mañana serán los debates y los alegatos finales”.
Mientras, el Cejil aseguró que Narcisazo “fue detenido arbitrariamente el 26 de mayo de 1994 por fuerzas de seguridad del Estado dominicano y poco después fue víctima de desaparición forzada”.
“Después de 17 años de sucedidas estas graves violaciones a los derechos humanos, el Estado no ha investigado adecuadamente el caso. Por el contrario, los esfuerzos de las autoridades se han dirigido a obstaculizar la determinación de la verdad de los hechos”, indicó.
Informó que durante la audiencia, la Corte escuchará, entre otros, a Mario Suriel, de la Comisión de la Verdad, quien hablará como testigo de algunos de los hechos que rodearon la desaparición y sobre las diligencias infructuosas que se emprendieron para que el Estado investigara los hechos adecuadamente.
También declarará Luz Altagracia Ramírez, esposa de Narcisazo, quien “expondrá los esfuerzos emprendidos en este caso y el daño que ha sufrido su familia por la falta del acceso a la verdad”.
El Cejil sostiene que la desaparición del profesor Narciso González, “fue un crimen de Estado cometido con el propósito de silenciarle”. Recordó que, un día antes de su desaparición, el catedrático “pronunció un discurso en el que denunció el fraude electoral ocurrido en los comicios presidenciales de 1994”.
“Este caso representa una oportunidad única para que la Corte Interamericana se pronuncie sobre los crímenes del pasado en República Dominicana y el derecho a la libertad de expresión. El caso ilustra las fallas existentes en el sistema de justicia, el hermetismo y secretismo con que actúan los estamentos militares y policiales, así como las graves limitaciones al ejercicio del periodismo crítico en Republica Dominicana”, expresó Ariela Peralta, Sub-directora de Cejil.
